NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DESNATURALIZAN EL CONCEPTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL

El autor, sobre la base de la definición legal del bien jurídico institucional “Imagen Institucional”, analizará las normas de carácter administrativo que están desvinculadas de lo que la Ley entiende por dicho bien jurídico, desnaturalizando su contenido e incluso, lindando con la discriminación injustificada hacia el personal policial.

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Fuente: Facebook “Policía Chévere”

¿QUÉ ES LA IMAGEN INSTITUCIONAL?

El vigente Decreto Legislativo N° 1268, Régimen Disciplinario Policial, se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar los bienes jurídicos constituidos por:

  • La Ética Policial.
  • La Disciplina Policial.
  • El Servicio Policial
  • La Imagen Institucional.

Estos son los bienes jurídicos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional.

Con respecto a la Imagen Institucional, el D. Leg. 1268, en su artículo 5, la define como:

“la representación ante la opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general.”

Hay que aclarar que bajo ningún sentido, se debe considerar a la Imagen Institucional como la representación ante la opinión pública sobre el aspecto físico del personal. Sino más bien, valga la aclaración, sobre el accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Una definición como la primera, caería en el error de tornarse inconstitucional, puesto que nadie puede ser discriminado por cualquier índole; sin embargo, como el derecho a la no discriminación puede ser confuso, lo desarrollaremos en el último punto.

NORMAS QUE ATENTAN CONTRA LA DEFINICIÓN LEGAL DE “IMAGEN INSTITUCIONAL”

Ahora que ya tenemos entendido a qué se refiere el bien jurídico Imagen Institucional, procederemos a analizar someramente las siguientes situaciones:

Sobre el uso de tatuajes

Es la Directiva N° 01-23-2015-DIRGEN-PNP/DIREJEPER-B, aquella que regula el uso de tatuajes por el personal de la Policía Nacional del Perú. Su regulación se resume en: Están prohibidos todos los tatuajes mayores a 3 centímetros, no importante en qué lugar del cuerpo se encuentren. Y si son visibles, no importa el tamaño, están prohibidos todos.

La misma Directiva, menciona que tiene como fin garantizar la protección la Imagen Institucional, mediante la regulación del uso de tatuajes por el personal de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, ello carece de sentido jurídico, puesto que como hemos visto en el anterior punto, la Imagen Institucional no se entiende como la percepción de la sociedad en el aspecto físico del personal, sino solamente en el cumplimiento de sus funciones.

Es por ello que para regular los tatuajes, se deberá realizar un análisis argumentativo jurídico mediante el cual se acredite que el uso de los mismos altera el cumplimiento de las funciones policiales.

Sobre el corte de pelo y barba

De similar forma, el Reglamento General de Uniformes de la Policía Nacional del Perú, de fecha 27 de junio del 2016, señala en su artículo 20:

“En todo momento el personal masculino permanecerá bien afeitado, el bigote no deberá sobrepasar la comisura de los labios, las patillas de corte recto y solo hasta (01) centímetro a la altura de la comisura lateral de los ojos (no está permitido el corte sin patillas). El cabello debe llevarse limpio, ordenado, recortado y desvanecido (de más a menos), sin diseños de ningún tipo sobre el cuero cabelludo”

La base legal de dicho Reglamento, lo constituye, entre otros, el D. Leg. 1150 ya derogado que señalaba que la Imagen Institucional significa:

“La Imagen Institucional es la representación ante la opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general.” Es decir, la misma definición del vigente Decreto Legislativo 1268.

Por lo que, de la misma manera que en el caso de la regulación de los tatuajes, estamos frente a un desentendimiento de la definición legal de Imagen Institucional.

LA JERARQUÍA DE LAS NORMAS

 Para explicarlo en forma general, nuestro ordenamiento jurídico no pretende ser desorganizado, sino más bien, ordenado jerárquicamente.

De esta manera, prima la Constitución sobre las demás normas jurídicas, seguidamente de las leyes, las cuales son emanadas del Congreso de la República; sin embargo ha de aclararse que también tienen rango de ley los decretos legislativos (como el D. Leg. 1268, el cual contiene la definición de “Imagen Institucional”). Por debajo de las normas con rango de ley, están las normas emanadas propiamente por el Poder Ejecutivo (como las resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, etc).

 El principio de jerarquía normativa, establece que las normas de inferior rango (en el presente caso, los reglamentos) no deben vulnerar ni tergiversar lo establecido por las normas de rango superior (en el presente caso, el D. Leg. 1268). Lo que lamentablemente está sucediendo a nivel Interior.

 ¿CUÁNDO HABLAMOS DE DISCRIMINACIÓN?

 No es extraño para el Sector Interior, que se haya atravesado demandas constitucionales que versen sobre el derecho a la no discriminación.

La discriminación no significa solamente trato desigual, pues la sola desigualdad puede ser constitucionalmente válida (por ejemplo, el hecho de que existan asientos reservados y otros derechos que hacen primar a las personas con discapacidad). Para lo cual, debemos preguntarnos si ese trato diferenciado está justificado o no lo está, si está justificado entonces estamos frente a una desigualdad constitucionalmente válida; sin embargo, si tal desigualdad no está justificada, estamos frente a un caso discriminatorio.

Recordemos lo dicho líneas arriba, la norma suprema es la Constitución, por lo cual ninguna norma infraconstitucional puede vulnerar el principio de jerarquía normativa ni el de no discriminación.

CONCLUSIÓN.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el corte de pelo, de barba, así como el uso de tatuajes no impide el correcto actuar del personal policial con respecto al cumplimiento de sus funciones (Imagen Institucional); no cabe justificación alguna para regular y prohibir ciertas conductas. Más aún si se tergiversa la definición establecida por una norma con rango legal a través de una norma de rango inferior.

Asimismo, exhortamos que, debemos manejar los conceptos de principios y bienes jurídicos como pilares del Derecho.

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